El pasado viernes 19 de marzo la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, con el apoyo de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Fundación Konrad Adenauer, realizó una jornada de concientización del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. En esta iniciativa participaron mujeres activistas y representantes de tres zonas con situaciones medioambientales críticas en nuestro país: Petorca, Quintero-Puchuncaví y Neltume-Panguipulli. A partir de los relatos y vivencias de cada territorio, los que puedes revisar en profundidad en esta nota, se realizó luego un taller en el que se abordaron estas problemáticas socioambientales y se formularon propuestas para una nueva Constitución donde estas demandas sean abarcadas y resueltas.

El diálogo concluyó que los conflictos socio-ambientales abordados constituyen un tema multidimensional, en el que intervienen problemas de pobreza, de precariedad laboral y, especialmente, de escasa participación ciudadana en las decisiones sobre el desarrollo. A ello se suma la intervención depredadora de organismos privados (inmobiliarias, forestales e industrias químicas) y la debilidad del Estado en materia de protección del medioambiente, de inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones y de fiscalización.

El diagnóstico llevó a la interrogante acerca de cómo “constitucionalizar” los derechos sociales asociados a la salud, el medioambiente y la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas, garantizando su real cumplimiento. En este sentido se planteó reforzar la lucha por la preservación de la naturaleza y los recursos naturales (por ejemplo, a través de acciones de defensoría del medioambiente), y proteger y poner en valor el patrimonio cultural.

Respecto a la institucionalidad política, se planteó la necesidad de abordar la descentralización con énfasis en la multiculturalidad y el reforzamiento del Ministerio del Medioambiente (estableciendo que el tratamiento del acceso y uso del agua no sea un asunto del Ministerio de Obras Públicas). También se consideró importante la planificación colectiva del territorio, considerando la perspectiva de las comunidades y su derecho a la participación en el diseño de las políticas públicas sobre medioambiente y desarrollo económico. En este mismo sentido se puso en relieve el derecho colectivo sobre la propiedad de las tierras y la regulación del derecho a la propiedad privada y al inicio de actividades económicas, procurando restringir estas acciones cuando generen efectos negativos en el medioambiente y las comunidades. A continuación, se presenta el esquema de propuestas que surgieron del trabajo desarrollado en el taller, en clave de planteamientos para la nueva Constitución Política del país.

Propuestas a la Constitución en materia medioambiental:

• Reconocer que el derecho humano a un medio ambiente sano es una necesidad básica, del cual depende la vida y la integridad de las personas su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Asimismo, un medio ambiente sano contribuye al desarrollo de las comunidades y los territorios, y es base de otros derechos que se le desprenden, como la salud, el descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas y la participación en la vida cultural y patrimonial. Es deber del Estado garantizar este derecho, limitando al derecho a la propiedad privada cuando así sea necesario, en función de salvaguardar la calidad de vida y el buen vivir (física, material, social y emocional) de sus habitantes.
• Para los pueblos originarios de Chile, la tierra y el agua, como la propia naturaleza, son parte integrante de su cosmovisión y cosmogonía. Su característica interrelacional convoca al Estado a respetar sus prácticas culturales bajo una visión holística e integradora, que garantice su plena práctica y protección. Chile debería reconocerse como Estado plurinacional, de diversidad étnica y cultural, reconociendo la autonomía de sus pueblos, bajo la unidad de la República de Chile, en base al respeto, cooperación y solidaridad.
• La práctica de este derecho requiere de una participación ciudadana efectiva, tanto en la planificación, como en el desarrollo y fiscalización de las políticas públicas. Se debe promover una buena gobernanza, a través de una democracia participativa que fortalezca el resguardo cultural y patrimonial, así como el desarrollo social y económico. Lo anterior requiere descentralizar la toma de decisiones y del ejercicio del poder, siendo primordial la visión de las comunidades y territorios.
• Se debe garantizar el acceso y uso igualitario y no discriminatorio de los Bienes Nacionales de uso público (como el agua), a través de mecanismos establecidos conocidos y simples. Se debe enfatizar que un bien nacional pertenece a todos los habitantes de la República, por lo cual la práctica de este derecho debe permitir a cualquier ciudadano su exigibilidad y fiscalización bajo los parámetros que fije la ley.
• La constitución debe velar por la justicia social y la dignidad humana, garantizando no solo la igualdad de oportunidades, sino también la igualdad sustantiva en base a la distribución equitativa y justa de los bienes y servicios necesarios para el pleno desarrollo de las personas, como de sus comunidades y territorios. La naturaleza, siendo fundamental para estos efectos, es concebida como un sujeto de derechos, reconociendo su existencia y protección de sus ciclos vitales, siendo objeto de deberes humanos.