De acuerdo al más reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el planeta se encuentra en un crítico curso de deterioro sostenido. Las más graves dimensiones son el cambio climático, la contaminación del aire y los océanos, la sobreexplotación de la biodiversidad y la desertificación. En Chile, un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de 2017, señaló que las principales problemáticas ambientales que enfrenta el país son la escasez de agua en la zona centro-norte, la contaminación atmosférica (esencialmente, vinculada a áreas urbanas y zonas mineras) y las amenazas a la biodiversidad.

La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, en su documento “Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente”, ha señalado la responsabilidad del Estado de proteger a las comunidades y generar formas de desarrollo que no subsuman el cuidado del medioambiente al crecimiento económico. Justamente, esta contraposición, ha generado una serie de conflictos socioambientales, definidos como “disputas entre diversos actores –personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado–, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas” (Informe Anual 2012, pág. 246).

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2021), en Chile existen, actualmente, 65 conflictos socioambientales activos y 34 latentes, ligados, mayormente, a los sectores de energía y minería, De acuerdo a la misma institución, el 32% de estos conflictos se desarrollan en territorio indígena. Investigaciones recientes afirman que las posibles soluciones deben ser multifactoriales, incluyendo reformulación constitucional y participación de las comunidades afectadas.